Felipe Garcia Abogado, Blog

El 20 de agosto entró en vigor una norma muy deseada por todos los operadores jurídicos que representamos a clientes en distintos países en asuntos civiles y mercantiles. En muchas ocasiones, nos encontramos con importantes lagunas en el ordenamiento nacional y de la UE en materia de ejecuciones y de aplicación transfronteriza de las disposiciones, así como problemas de reconocimiento de resoluciones extranjeras. Pues bien, la precitada norma resuelve muchas cuestiones pendientes y facilitará considerablemente la labor de abogados, jueces y árbitros y por supuesto, permitirá hacer valer de una manera más efectiva los intereses de empresas y particulares. La norma introduce una importante y novedosa regulación en el exequátur, es decir el procedimiento de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras, y deroga la hasta ahora vigente Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 que era la norma de aplicación, modernizándolo, y adecuándolo a los criterios fijados por la última jurisprudencia del Tribunal Supremo, las leyes especiales y la más autorizada doctrina.

 

imagen acuerdoLas principales características del nuevo procedimiento de exequátur son:

 

1.- la solicitud de reconocimiento de la resolución podrá hacerse valer en un procedimiento ya iniciado, sin que sea necesario iniciar un nuevo incidente, con lo que su obtención será más rápida y sencilla.
2.- Los casos de denegación del reconocimiento de la resolución tienen carácter tasado y se circunscriben únicamente a los siguientes casos:

 

 que la resolución sea contraria al orden público.
 Resoluciones donde exista infracción de los derechos de defensa de cualquiera de las partes.
 Resoluciones en materias donde sólo sean competentes los Tribunales Españoles, o referidas a otras materias, si en todo caso, la competencia del juez de origen no tuviese una conexión razonable con la cuestión.
 Resoluciones inconciliables con una resolución dictada en España.
 Resoluciones inconciliables con una resolución de otro Estado, cuando esta última reuniera las condiciones para ser reconocida en España.
 Existencia de litigio pendiente en España ente las mismas partes y con el mismo objeto, iniciado con anterioridad al proceso extranjero.
 Las transacciones judiciales que sean contrarias al orden público.
Si la resolución extranjera contiene un pronunciamiento desconocido en derecho español, la nueva norma prevé que podrá ejecutarse una medida similar y que tenga efectos parecidos o equivalentes a la perseguida por el Tribunal extranjero que dictó la resolución que se pretende ejecutar en territorio español.
Se introduce asimismo la posibilidad de otorgar reconocimiento parcial de una resolución cuando no pudiera reconocerse la totalidad del fallo.
De la misma forma, se abre la puerta a la inscripción en Registros Públicos de resoluciones judiciales extranjeras firmes o definitivas, que provengan de la jurisdicción voluntaria, y que no admitan recurso con arreglo a la legislación de donde provengan.
La norma fija una Disposición Transitoria para el nuevo procedimiento, estableciendo que a las demandas de exequátur que se presenten con posterioridad al 20/8/15 se aplicarán directamente las normas de éste Título V, con independencia de la fecha en que se hubiese dictado en la resolución extranjera.
Se introduce también una nueva Disposición Final, 26ª en la Ley de Enjuiciamiento Civil para facilitar la aplicación en España del Reglamento nº 650/2012, relativo a la competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales en materia mercantil y civil, estableciendo por ejemplo, nuevos criterios, nueva regulación sobre notificaciones, traducciones, reglas de denegación de ejecución, solicitud de certificado de resolución, fuerza ejecutiva de documentos públicos y transacciones judiciales.
Otra modificación importante viene dada sobre la prueba del derecho extranjero. Se establece ex novo, con carácter excepcional y en aras a la tutela judicial efectiva, que en los casos en que no haya podido acreditarse por las partes el contenido y vigencia del Derecho Extranjero, los órganos judiciales podrán aplicar derecho español.
En cuanto a la litispendencia y conexidad internacional y con el fin de evitar que puedan dictarse dos resoluciones contradictorias, la nueva ley será de aplicación supletoria a lo que dispone el Reglamento UE nº 1215/2012. De la misma forma, en el resto de materias sobre las que no haya regulación específica en el precitado Reglamento será de aplicación también esta ley, como, por ejemplo, en cuestiones sobre derecho de las personas, familia, sucesiones y derecho concursal.
Sin duda nos encontramos con una norma que resuelve muchos de puntos conflictivos y que eran fuente continua de atascos y dilaciones, por su regulación arcaica. Es de esperar que a partir de ahora, el reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras en territorio nacional ganará en agilidad y efectividad.

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